Webinar patrocinado por el Departamento de Migración y Servicios a los Refugiados
Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos
Primero de octubre de 2024.
Quiero agradecer a la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, al Departamento de Migración y Servicios a Refugiados y al Secretariado de Justicia y Paz de la Conferencia por invitarme.
Gracias Christopher Ljungquist en particular, por preocuparte por la situación de Nicaragua. Si hay alguien que sabe cómo se ha deteriorado la situación de los derechos en Nicaragua desde 2018, eres tú.
La ciudadanía es el principal vínculo entre el individuo y el Estado. El individuo le debe lealtad, fidelidad y compromiso al Estado, mientras que el Estado le otorga protección y derechos. Conlleva tanto libertades como responsabilidades. Sin ciudadanía se pierden todos los derechos al romperse este vínculo, dejando al individuo en una condición de vulnerabilidad y falta de protección legal.
La nacionalidad, un concepto más amplio, es, además de un estatuto jurídico en derecho internacional, lo que nos asocia a una historia común, tradiciones, lengua y una tierra en común. Es una parte inherente al individuo y, por lo tanto, no se le puede quitar porque no es algo que el individuo tenga; es la esencia social misma de lo que el individuo es.
La apatridia, es la condición de una persona de no ser considerada nacional por ningún estado. Hay, según Naciones Unidas, unos 4,4 millones de personas en condición de apátridas. A veces la apatridia se esconde detrás del éxodo de personas que abandonan un país, o por discriminación de comunidades enteras, expulsadas de sus países o definidas como ciudadanos de segunda clase.
La apatridia puede tener diferentes causas. Puede surgir de un vacío legal entre los dos modos de nacionalidad: jus soli y jus sanguini, como resultado de la discriminación por razones de género, etnia u obstáculos administrativos. También puede producirse como resultado del desplazamiento a otros países.
En América Latina, la región de la que procedo, el caso más grave de apatridia, en términos de personas implicadas, es el de los inmigrantes haitianos en República Dominicana. Miles de niños nacidos en la República Dominicana, no tienen la nacionalidad dominicana debido a impedimentos legales.
A pesar de los múltiples orígenes de la apatridia, me centraré en uno en particular: la privación arbitraria de la nacionalidad. Esta acción, prohibida por el derecho internacional, es el resultado de una acción o política explícita del Estado supuestamente protector, para eliminar arbitrariamente el vínculo por motivos raciales, étnicos, religiosos y políticos.
Seré aún más específico en los casos de privación de nacionalidad por motivos políticos, ya que es el caso que me afectó a mí y a otros 450 nicaragüenses que hemos sido despojados de nuestra nacionalidad por el régimen de Daniel Ortega, por motivos políticos.
Otro gran grupo de nicaragüenses, probablemente miles, son ahora apátridas de facto, ya que se les ha negado la entrada a Nicaragua, dejándolos así en un limbo legal. Por esta razón estamos llamando al régimen de Nicaragua una «fábrica de apátridas», ya que la privación de la nacionalidad se ha convertido en un hecho desafortunadamente común.
De la privación arbitraria de la nacionalidad por motivos políticos se derivan las violaciones de todos los derechos fundamentales que otorga la ciudadanía, con el agravante de la represión, persecución y violencia estatal. No se trata de una condición pasiva de negación estatal, sino de una acción consistente y deliberada de un régimen represivo para no sólo eliminar cualquier tipo de vínculo jurídico, sino para atacar e infringir el sufrimiento más brutal al individuo. La privación arbitraria de la nacionalidad se utiliza en el contexto general de la represión política para eliminar legalmente a cualquier persona que se oponga políticamente al régimen represivo.
La privación arbitraria de la nacionalidad conlleva una serie de complicaciones logísticas, económicas, sociales y emocionales que se extienden en el tiempo y en el espacio. Es un tipo de delito que la víctima lleva consigo dondequiera que vaya.
Fui privado arbitrariamente de mi nacionalidad por el régimen de Daniel Ortega el mismo día en que el régimen nos desterró de nuestro propio país a mí y a otros 221 presos políticos, el 9 de febrero de 2023. Llevaba casi dos años en prisión. Era una forma de decirnos que éramos «libres» pero que nosotros, supuestos traidores a la patria, ya no éramos nicaragüenses. El régimen quería que pasáramos un mal momento el día que por fin pudiéramos ver la luz de la libertad. Era un recordatorio de que la represión no terminaba con la cárcel, sino que iba a continuar allá donde fuéramos.
La privación arbitraria de la nacionalidad por parte del régimen de Ortega vino a sumarse a una larga lista de violaciones contra el pueblo nicaragüense. En mi caso, tras participar en el diálogo convocado por la Iglesia católica con el régimen en 2018, fui objeto de ocho meses de acoso policial, arrestos domiciliarios ilegales, vigilancia las 24 horas del día, prohibición de viajar, difamación, mensajes de amenaza en mi teléfono, mensajes de odio en las redes sociales y varias golpizas. Tras anunciar mi intención de presentarme a las elecciones presidenciales, fui detenido arbitrariamente el 8 de junio de 2021 e incomunicado durante los primeros 89 días de prisión.
El régimen me sometió a juicio sin las debidas garantías procesales y me negó una defensa legal. Fui acusado de traición a la patria y condenado a 13 años de prisión. Esta sentencia causó un dolor extremo a mi familia, mi esposa y mi hija, que asumieron con angustia que volverían a verme hasta el 2035. Durante casi dos años, no pude verlas en persona y se me negó cualquier tipo de comunicación con ellas.
Mientras estuve en prisión, fui objeto de tratos degradantes, aislamiento, hostigamiento y negación del derecho a practicar mi religión. Antes de mi destierro de Nicaragua y de declararme apátrida, el régimen de Ortega había violado 19 de los 30 derechos garantizados por la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Posteriormente, a los 222 expresos nos confiscaron todas nuestras propiedades, casas, negocios, cuentas bancarias, ahorros y derechos de seguridad social. La misma política se ha aplicado a 94 miembros de la oposición y a los 135 presos recientemente liberados hace apenas tres semanas.
Ahora, quiero llamar la atención sobre los efectos específicos que la privación arbitraria de la nacionalidad causa en el individuo. Ante todo, la vulnerabilidad y el acoso constante del régimen generan sufrimiento. Es una forma de tortura y represión transnacional, ya que la apatridia conlleva la violación sistemática de derechos y protecciones allá donde vaya la víctima.
En Nicaragua, en nuestro caso, al grado ilegal de apátrida le siguió el acto igualmente ilegal de eliminarnos del registro civil. Además de privarnos de una identificación válida, afectó a nuestros hijos, ya que aparecen automáticamente como hijos de un solo progenitor. Tenemos información de que sus apellidos han desaparecido, afectándoles también a ellos.
Los registros de nuestros matrimonios han sido cancelados por eliminación legal, trayendo complicaciones adicionales para los cientos de familias.
La confiscación, o el robo de nuestras propiedades que han pertenecido a las familias por generaciones, también generó un evidente estrés y ansiedad, ya que los ahorros de vidas enteras han sido destrozados por un decreto.
De igual manera, las cotizaciones de décadas al Seguro Social han sido borradas, despojándonos de la posibilidad de una pensión. Para los nicaragüenses ya jubilados, sus pensiones han sido eliminadas. Más de 70 personas han sido despojadas de su única forma de ingresos, dejándolas desamparadas y vulnerables.
La apatridia también sirve de excusa para el régimen nicaragüense de desligarse de la responsabilidad de la protección en el extranjero, y el régimen ya no extiende pasaportes ni documentos de identidad. Esto complica la posibilidad de viajar, dejando a la persona desamparada y sin identificación válida, con la imposibilidad del país de acogida de prestarle asistencia.
Una característica muy obvia de la apatridia, pero extremadamente pesada de soportar, es que las condiciones van dondequiera que vaya la víctima. Así, el efecto de la apatridia se sufre también en el país de destino, es decir, si la víctima es capaz de llegar a ese país. Además de los sufrimientos de un refugiado o un asilado, el apátrida tiene que lidiar con la falta de protección legal de su consulado. No se le pueden prestar servicios sociales y se le deniega la seguridad social. La víctima no puede seguir estudiando, ya que se borra su expediente académico. Esta es la situación de más de 60 jóvenes estudiantes nicaragüenses que perdieron años de educación y tienen que empezar desde el principio, si es que hay una escuela en el extranjero que los acepte sin expediente académico.
Sin duda, el peor efecto de la apatridia es la separación familiar. Dejar atrás a la familia, en contra de su voluntad, es fuente de profunda ansiedad y angustia. El daño psicológico es aún peor en los niños pequeños, que no comprenden la situación. En el caso de Nicaragua, el régimen se niega a que los niños salgan del país y se reúnan con sus padres, para incrementar aún más la miseria. Privar de la nacionalidad, expulsar del país y no permitir la reagrupación familiar sólo puede definirse como una forma cruel y brutal de tortura internacional.
Para algunas víctimas de la apatridia, los largos procesos legales que tienen los países para conceder la nacionalidad, que a veces duran hasta diez años, significan que la víctima nunca volverá a tener una nacionalidad. De los 451 nicaragüenses apátridas, más de 20 tienen más de 80 años, por lo que es poco probable que, a menos que se produzca una respuesta rápida, pongan fin a su vida como apátridas.
Afortunadamente, la respuesta rápida llegó tras el anuncio de declararnos apátridas. Gobiernos de España, Argentina, Brasil, México y Colombia han ofrecido su nacionalidad. Se agradece enormemente este acto de solidaridad, sobre todo en un momento de enorme tensión e incertidumbre. Me convertí en ciudadano español el 22 de febrero de este año y a muchos de mis compañeros se les ha concedido la nacionalidad española. Estamos muy agradecidos a las autoridades españolas.
Antes de resumir algunas recomendaciones, me gustaría aprovechar la oportunidad, ya que me dirijo a ustedes, para contarles qué se siente al ser apátrida en lo personal. La eliminación legal de ti como persona, el borrarte de tus relaciones familiares inmediatas, la confiscación de tus propiedades, los largos y costosos procedimientos judiciales y, sobre todo, la separación de la familia debido al encarcelamiento causa ansiedad, angustia y dolor. Distrae continuamente tu atención para resolver problemas que la mayoría de la gente del mundo no experimenta: tener un documento de identidad válido, demostrar que existes y tener la seguridad de que tu identidad está intacta. Nunca había necesitado decir que me sentía nicaragüense como ahora.
La apatridia por razones políticas, con la represión adicional que conlleva, a veces me hace sentir rabia. Rabia por la injusticia sin posibilidad de encontrar justicia en mi país, ya que es precisamente el sistema legal de mi país, el responsable de tales actos injustos. Soy consciente de que es un sentimiento a evitar, ya que la ira afecta negativamente a la persona que la sufre. He encontrado la paz rezando y sabiendo que la justicia acabará imponiéndose. Después de seis años de documentar las violaciones de mis derechos, y con la ayuda de abogados de derechos humanos, presenté una petición, y espero que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emita un veredicto en los próximos años. Esta petición me hace sentir esperanzada y, lo que es más importante, que estoy empleando mis energías en encontrar justicia para mí, para mi familia y para mis compañeros luchadores por la democracia.
Cuando estás en la cárcel y después de sufrir innumerables violaciones, la fe te da fuerza y convicción. Todas las noches, en la celda, solíamos rezar lo siguiente, que también tengo en mi despacho y rezo:
Toma, Señor, y recibe toda mi libertad,
mi memoria, mi entendimiento,
y toda mi voluntad,
todo lo que tengo y llamo mío.
Tú me lo has dado todo.
A ti, Señor, te lo devuelvo.
Todo es tuyo; haz con ello lo que quieras.
Dame sólo tu amor y tu gracia,
eso me basta.
Por último, me gustaría compartir siete recomendaciones políticas que considero útiles en relación con la apatridia.
En primer lugar, concienciar sobre el marco jurídico internacional que prohíbe este delito. La Convención de 1951 sobre los refugiados y la de 1954 sobre los apátridas constituyen obligaciones para los Estados firmantes de responder a la situación y aportar soluciones prácticas y coherentes a los problemas derivados de la apatridia.
En segundo lugar, dado que la apatridia se combina a menudo con la condición de refugiado, es importante la coordinación de las agencias internacionales y los gobiernos para identificar los casos y proporcionar soluciones logísticas y legales. En la reciente liberación de 135 nicaragüenses a Guatemala, también despojados de su nacionalidad, la respuesta inmediata del Alto Comisionado para los Refugiados, así como de la Organización Internacional para las Migraciones, fueron de gran ayuda para brindar asistencia médica, legal, material y psicológica a los ex prisioneros, quienes sufrieron innumerables violaciones. Se aprendieron lecciones de nuestra propia liberación y se aplicaron al reciente proceso de Guatemala. Espero que las lecciones se documenten para que puedan aplicarse mejores prácticas en futuras situaciones similares.
En tercer lugar, es importante mantener siempre la defensa de la libertad y la denuncia de la violación de los derechos. El silencio de los familiares de las víctimas contribuye a que los regímenes represivos sigan cometiendo tales violaciones. En particular, es importante ilustrar la dimensión humana de la apatridia, el sufrimiento de las víctimas y de sus familias.
En cuarto lugar, la justicia. La privación arbitraria de la nacionalidad suele ser el resultado de una acción legal específica, que a su vez puede utilizarse como prueba del delito cometido por el régimen represivo. Esto hace que este delito en particular sea más fácil de demostrar que otras formas de represión, que suelen necesitar la confesión de los autores o testigos.
En quinto lugar, apoyo jurídico a las víctimas. Para llevar estos casos al sistema judicial internacional, se necesitan recursos, tanto materiales como humanos, para hacer justicia y reparar a las víctimas. Las agencias internacionales, las ONG y el Gobierno deben proporcionar asistencia material a las víctimas.
Sexto, promover la concienciación. Dado el gran número de apátridas que hay en el mundo, hay que debatir más sobre esta situación. El papel de las universidades y centros de pensamiento es fundamental en la generación de datos y análisis que ayuden a comprender mejor el fenómeno.
Por último, es importante establecer un sistema de alerta que informe a las víctimas potenciales en los Estados represivos de las próximas oleadas de privación arbitraria de nacionalidad.
La Iglesia Católica puede desempeñar un papel muy importante en la prevención y eliminación de la apatridia. En primer lugar, la Iglesia puede proporcionar asistencia espiritual y ayudar a disminuir el sufrimiento y el estrés mediante la oración, la compasión y el acompañamiento.
En segundo lugar, puede satisfacer las necesidades materiales utilizando la amplia red de comunidades, escuelas y diócesis. La Iglesia católica puede persuadir el cambio de actuación de los líderes mundiales denunciando las grandes injusticias derivadas de la apatridia.
Por último, es coherente con la doctrina social de la Iglesia prestar ayuda a quienes lo han perdido todo, incluidas su tierra y su nacionalidad.
Esto es particularmente cierto en el caso de Nicaragua, donde más de 125 sacerdotes y monjas han sido expulsados del país y, al no permitírseles regresar, son apátridas de facto.
La apatridia es, lo he subrayado, independientemente de las causas, fuente de un enorme nivel de angustia para las familias y las víctimas. Es una forma de tortura, prolongada en el espacio y persistente en el tiempo. Sólo puede resolverse cambiando las condiciones que la causaron en primer lugar, o atendiendo el problema con soluciones prácticas de gobiernos y organizaciones dispuestos a poner fin al sufrimiento de millones de personas en todo el mundo.
Gracias.
