A propósito del Premio Nobel de Economía otorgado a James Robinson y Daren Acemoglu por sus ideas expuestas en el libro «Porque Fracasan los Países», comparto algunas reflexiones.
El viaje por la historia en la que nos transporta James Robinson y Daron Acemoglu es verdaderamente asombroso. Desde Nogales, en Arizona USA colindante con Nogales, en Sonora México, comunidades separadas sólo por una barda física pero inmensamente separadas en términos económicos, sociales e institucionales. Desde el inicio de este interesante libro, los autores, argumentan porque, en el desarrollo de los países, lo más crucial no es la geografía, ni la cultura, ni la religión, ni la ignorancia.
Entonces, si no son estos elementos, que hace que los países prosperen y reduzcan la pobreza? La respuesta está en las instituciones que estos países han logrado construir.
Para que las instituciones sean inclusivas usando el término del libro, es importante que éstas cumplan con cinco condiciones: uno, que establezcan reglas del juego claras y conformen un campo estable, parejo y nivelado para todos, dos, que no existan sesgos, preferencias o privilegios, hacia ningún grupo en particular, tres, que se provean los bienes públicos como educación, e infraestructura, requeridos para que los miembros de la sociedad puedan desarrollarse, cuatro, que se potencialice la libertad de las personas de elegir sus destinos y finalmente que se respeten los derechos de propiedad.
El aporte de esta fundamental obra Porqué Fracasan los Países, no como pregunta sino como aseveración, es haber indagado y documentado como las buenas instituciones se han formado en el tiempo. En todos estos ejemplos se aprecia un elemento común que considero es muy relevante: la existencia de un nivel mínimo de consenso social, político y económico. Consenso social, político y económico entendido en este contexto como el compartir un conjunto básico de ideas en las que todos estemos de acuerdo, reconociendo la pluralidad de posiciones y de intereses. Este consenso social, económico y político, a veces fortalecido y a veces debilitado, es la base que lleva como resultado la naturaleza de las instituciones que se generan en el proceso político.
Por ejemplo, la revolución norteamericana se basó en un consenso bien delimitado: liberarse de las políticas impositivas del Rey y crear una democracia basada en la gente. Se generó una coalición amplia, de intereses extendidos y no estrechos, que se expresó el Congreso, el que promulgó las leyes que fueron creando las instituciones inclusivas que aseguraron un proceso largo de alcanzar la representatividad de los todos los individuos en esa sociedad.
En cambio, en Nicaragua, el patrón histórico ha sido el «quítate vos para ponerme yo», la descalificación, el maniqueísmo y sobre todo la mentalidad de que todo lo hecho por el anterior es malo y que hay que cambiarlo radicalmente. Las coaliciones son estrechas e interesadas en el corto plazo, forzando acuerdos o pactos personalistas dandole la espalda a los intereses de la nación. Un causa del fracaso de Nicaragua como país, ha sido la repetida capacidad de generar discrepancia, desconfianza y eventualmente repugnancia por el otro. Esto a su vez genera conflicto, extradición, cárcel y guerra.
El consenso social, económico y político no deja de ser un concepto abstracto y se requiere que alguien lo administre. Es aquí donde juega un papel fundamental la élite, compuesta por individuos, en el sector público, privado, social etc capaces de generar o incidir en leyes, políticas, acciones que pongan en marcha ese proyecto de nación. Las élites pueden ser buenas y trabajar en beneficio del desarrollo, o llegar a traicionar este mandato cuando se vuelven hacia sus propios intereses.
La restricción a la élite de no desviarse del objetivo general lo van a dar las instituciones inclusivas que aseguran entre otras cosas la rendición de cuentas. Alcanzar los objetivos planteados en el plan de nación lo va asegurar la buena y fuerte administración pública, basada en la meritocracia.
Es aquí donde como país hemos sistemáticamente fracasado. Las élites no han trabajado por el bien común y más bien han generado instituciones extractivas al servicio de la élite en el poder. Han modificado las instituciones, como el poder judicial, para asegurar la reelección y el sometimiento de los oponentes. Esta práctica lleva al descrédito y la deslegitimación política de la misma élite, que es reemplazada por otra igualmente cortoplacista.
Debo de advertirles a quienes aún no han leído el libro, que algunos se sorprenderán o incluso se incomodarán por el tratamiento de los autores a las élites, incluyendo a empresarios y políticos y en especial a los latinoamericanos. El libro nos debe hacer reflexionar sobre la vital importancia de las acciones diarias del liderazgo nacional y de las enormes consecuencias para el desarrollo que implica no trabajar en la construcción de consensos.
El problema de muchos países radica en que la alternancia del poder sólo trae consigo el cambio de una élite por otra. Del libro se desprende que la solución es buscar una coordinación nacional, alrededor del consenso social, económico y político, o de una narrativa en común que nos una como nación para ampliar la base de ésta élite, educando a la población para que entendamos que la sociedad se gobierna por leyes y no pactos. Con un Estado meritocrático y no clientelista y un sector privado cada vez más consciente de la enorme importancia que tiene competencia en la creación de oportunidades para la gente. La solución se basa en promover y forzar cambios hacia una mayor pluralidad, que el poder se vaya distribuyendo y que exista un sistema de pesos y contra pesos que ayuden a mantener esa distribución sana de poder.
Las instituciones inclusivas promueven la competencia de los mercados, la innovación tecnológica y la inversión en capital humano. Todos estos son elementos claves para el desarrollo y se fundamentan en un sistema político igualmente inclusivo, amplio y de consenso social o al menos de respeto a la opinión de las minorías. Esta es la característica que diferencia a las naciones prósperas de los regímenes absolutistas o dictadores como Ortega que llevaron o llevan a sus países por una senda de fracaso y fragmentación. En los países que fracasaron predominó el control absoluto del estado en materia comercial, la indefinición de derechos de propiedad y excesivas políticas tributarias que castigaban a trabajadores y los innovadores para mantener a la élite extractiva.
Los mercados nicaragüenses se caracterizan por la falta de competencia, de productividad y por el excesivo poder de unas pocas empresas. La dictadura ha generado aún más extracción por medio de la represión fiscal, la confiscación, la competencia desleal y corrupta y la utilización de los fondos públicos para los beneficios de la élite gobernante, dirigida por una sola familia.
Las instituciones inclusivas requieren de un campo fértil para poder florecer. Este campo lo constituye un estado fuerte que haga respetar el imperio de la ley, la promoción del pluralismo que permita la discusión de leyes y políticas, y que así podamos conocer sus consecuencias y así incidir en ellas.
Requiere de una población educada y formada a fin de poder decidir con mejor información sobre el destino del país.
Requiere de una cultura política de consenso y bien común, de negociación y de búsqueda de equilibrios.
Finalmente requieren de la libre expresión y de los más fundamentales derechos civiles y políticos que hagan rendir cuentas a los hacedores de políticas.
Ha pasado casi una década desde que James Robinson visitó Nicaragua y compartió no solamente sobre su obra, sino de las cosas que pudo apreciar en su muy corta estadía en el país. Alertó que el autoritarismo y el crecimiento económico no son compatibles en el largo plazo. Mencionó las claras señales de falta de transparencia electoral, el deterioro institucional, el populismo y el clientelismo, así como la poca transparencia en las contrataciones públicas. Fue una llamada de alerta, quizá ya muy tarde, de porque Nicaragua estaba volviendo a fracasar.
Lamentablemente, cada día que pasa en Nicaragua, las condiciones que identifican Acemoclu y Robinson para que los países prosperen, se alejan o desaparecen en nuestro país.
De la monumental obra de estos dos economistas, ahora galardonados con la máxima distinción, se desprenden seis líneas particularmente relevantes para Nicaragua:
1. Es imperativo de una vez y para siempre, que la educación sea una prioridad nacional. Educación pertinente, adecuada y de calidad que logre dos cosas. Lo primero es una mayor productividad laboral que asegure mejores ingresos y fomente una clase media vigorosa. Lo segundo es producir una generación de votantes más educados que fortalezcan el proceso democrático y electoral. Es hora de que la educación deje de ser la cenicienta en Nicaragua.
2. Más bienes públicos que aseguren los servicios básicos de la población, equiparando oportunidades. Particularmente una política social que ofrezca protección a los más vulnerables. Igualmente, un servicio público que esté en verdad al servicio de la población y no de la élite gobernante, mucho menos de una familia.
3. Una economía más competitiva, con más competencia y menos monopolios y oligopolios que extraen rentas de los consumidores. Eliminación de privilegios, protecciones, tratos especiales o favoritismos que premien a unos selectivamente y castiguen a la mayoría indiscriminadamente. Una economía competitiva, combinada con un alto nivel de capital humano, asegura la liberación de la creatividad capitalista de creación e innovación.
4. Protección de los derechos de propiedad que respeten ese derecho fundamental pero que además fomenta la inversión privada, esencial para el desarrollo. Eliminar de una vez y para siempre la tendencia de irrespetar los derechos de propiedad bajo argumentos políticos o de otra índole.
5. Pluralismo político, dónde la participación sea irrestrictamente respetada en un ambiente de transparencia, competencia e igualdad de condiciones, sin partidos de Gobierno que utilicen los bienes del estado para el proselitismo.
6. Finalmente, y quizá sea lo más difícil, un cambio de cultura política. Del “quítate vos para ponerme yo”, del maniqueísmo, al respeto a las ideas de los demás y que sea el pueblo quien elija el destino del país en base a lo que sea mejor para Nicaragua, no para el que está en el poder.
En conclusión, el estado de derecho, la institucionalidad, el imperio de la ley y el respeto a los derechos de la propiedad son la base sin la cual no puede florecer una verdadera economía de mercado competitiva. Una economía que potencialice, las capacidades de todas las personas de poder producir a su potencial. Es por ello, que para poner a Nicaragua de nuevo en una senda de crecimiento sostenido, es imperativo reconstruirla en sus instituciones. Instituciones que sirvan a la gente y que puedan sentar las bases de una vez y para todas, de un país que salte del fracaso en que se encuentra, al éxito alcanzable.
