Honorable Corte
Comparezco ante ustedes con un profundo sentimiento de gratitud por la diligencia y compromiso que esta Corte ha mostrado desde que los beneficiarios del presente asunto fuimos secuestrados, criminalizados y sometidos a prisión arbitraria. El sufrimiento durante la situación de desaparición forzada que permanecí los tres primeros meses de mi cautiverio, agravada por el exilio de mi esposa e hija que tuvieron que abandonar Nicaragua una semana después de mi desaparición, me hace reiterar la pertinencia y urgente necesidad de protección. Protección tanto para los actuales detenidos y desaparecidos, así como de los excarcelados y familiares, que continuamos en una situación de riesgo grave y urgente de sufrir daños irreparables.
La excarcelación, expulsión del país, despojo de nacionalidad y confiscación de bienes, han generado una profunda angustia, no muy diferente de la producida por las inhumanas condiciones del encarcelamiento durante 611 días.
Nuestro destierro, no fue una decisión de libre voluntad, sino de un acto cruel y violatorio, que separó y sigue separando familias. Los desterrados no escogimos vivir donde nos encontramos, fuimos forzados. La situación de desamparo de los hermanos desterrados a Guatemala es el más reciente ejemplo. Sin personería jurídica, hemos tenido que adaptarnos a un ambiente muy diferente a aquel que veníamos desarrollando en nuestras vidas profesionales y familiares. Ha sido un nuevo comienzo lleno de dificultades, sufrimientos y carencias.
La privación arbitraria de mi nacionalidad, sufrida también por otros beneficiarios, provoca una violación sistemática de todos los derechos inherentes a la ciudadanía. Ha sido una maniobra deliberada para causarnos sufrimiento. La apatridia acarrea vulnerabilidad por la violación de derechos y la ausencia de protecciones frente al régimen.
Nuestra desaparición en los registros civiles es una violación que nos genera impotencia y expone a riesgos. La disolución de matrimonios causa problemas para nuestros hijos, y no tener documentos de identificación impide realizar hasta las más básicas transacciones. La peor sensación de injusto despojo es la confiscación de nuestros bienes, muchos de ellos pertenecientes a nuestras familias por generaciones. El trauma que causa el robo de tu hogar o negocio y la usurpación de éste por un tercero persigue al confiscado día y noche. Negocios familiares de décadas, cómo el de mi esposa también beneficiaria de estas medidas, construidos con mucho sacrificio y que eran fuentes de ingresos vitales para subsistir, robados descaradamente ante la impotencia que provoca no contar con el amparo de la justicia, cooptada, corrupta y al servicio de quienes usurpan el poder. La confiscación de mi propiedad por vía de decreto presidencial me ha arrebatado un legado de mi padre. No es sólo lo material, sino lo emocional, los recuerdos y la memoria que tratan de arrebatarme.
La vulnerabilidad no ha cesado, incluso ha incrementado. Sé que muchas personas desnacionalizadas han enfrentado dificultades insuperables para acceder a un empleo, teniendo que solicitar ayuda cada mes para poder pagar la renta o la alimentación. Esto afecta su dignidad y estado mental. Hemos tenido que asumir la manutención de familiares mayores exiliados. Algunos estudiantes han visto truncados sus sueños de seguir formándose por haber sido borrados sus expedientes académicos.
Puedo afirmar que todas las personas beneficiarias de estas medidas hemos sufrido un grave deterioro de la calidad de nuestras vidas, situación que se ve agravada por la incertidumbre de la situación legal. El riesgo de la deportación incrementa la angustia y ansiedad.
El impacto psicológico de la separación familiar es particularmente devastador. He podido ver personalmente el caso referido de Roger Reyes y sus dos hijitas, que pedían en las visitas familiares en la cárcel si se podían quedar a dormir con su papá, o de Tamara Dávila y su hija, separadas por dos años, un tercio de la vida de la niña. Durante mi encierro, no pude hablar con mi esposa e hija por 20 meses. Nos han robado hasta el derecho de estar unidos cómo familia.
Del grupo de los 222, Michael Healy, mi compañero de celda, falleció en el destierro. Las condiciones a las que fue sometido mientras estuvo privado de libertad y después, incluyendo la confiscación de sus bienes y la privación de atención médica adecuada, contribuyeron a su deceso. Las enfermedades crónicas que afectan a las personas de mayor edad son un riesgo inminente para sus vidas, agravado por la ausencia de atención médica de calidad. El sufrimiento que causa la idea de fallecer lejos de la patria y separado de los seres queridos es un tormento permanente para muchos.
Honorable Corte, he sido testigo de alarmantes reportes de persecución transnacional, que incluyen actos de espionaje en Costa Rica e incluso atentados. He recibido constantemente amenazas e intimidación en las redes sociales. Existe una base sólida para temer por la integridad física de muchos de los beneficiarios.
Por todo lo expuesto, solicitamos con el debido respeto que esta Corte mantenga las medidas provisionales otorgadas a nuestro favor, 116 nicaragüenses víctimas de la persecución política del Estado, a fin de garantizar que nuestra integridad personal, vida digna, seguridad y derechos derivadas de la personalidad jurídica, no sigan sufriendo daños que puedan ser irreparables. Pedimos protección al derecho de existir, a ser reconocidos y a vivir sin temor. Muchas gracias.
