En una clara violación a sus derechos fundamentales, la Policía Nacional sigue sin brindar información sobre el paradero de los precandidatos presidenciales Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga y de la dirigente de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), Violeta Granera. Esto además de impedirles su derecho a reunirse con sus familiares, los mantiene en total indefensión, ya que ni siquiera sus abogados han podido verlos.
Además, incumpliendo compromisos internacionales, el Estado de Nicaragua ignoró la orden de liberar inmediatamente a Juan Sebastián, Félix y Violeta, emitida el pasado 24 de junio por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH); tribunal regional que les otorgó medidas provisionales por considerar que enfrentan una situación de extrema gravedad.
Y se desconoce si el Estado de Nicaragua cumplió el requerimiento de la Corte IDH, que estableció el 8 de julio como plazo máximo para informar sobre las medidas adoptadas para proteger la vida de Juan Sebastián, Félix, Violeta y la de sus núcleos familiares.
Los tres opositores fueron secuestrados el 8 de junio por agentes de la policía, a través de un comunicado la institución confirmó que los había “detenido”. Mediante otro comunicado se informó que, en audiencias secretas, en las que no se les respeto su derecho a ser acompañados por sus abogados, jueces ampliaron a noventa días el periodo de detención para ser investigados.
Esta nueva escalada represiva ya incluye el secuestro de 26 opositores, entre dirigentes políticos, sociales, empresariales, estudiantiles y campesinos; y se pretende juzgarlos por “traición a la patria”, delito contemplado en la recién aprobada Ley 1055. El grupo se sumó al de más de 120 presos políticos que ya permanecían en las cárceles.
A partir de las capturas de Juan Sebastián, Félix y Violeta, se han violado al menos diez principios del derecho internacional. Fueron detenidos y sus viviendas allanadas sin orden judicial. Se ignoró la presunción de inocencia que exige la ley y prácticamente fueron sentenciados a noventa días de cárcel sin haber sido condenados por algún delito.
Permanecen bajo custodia en lugares desconocidos, donde se les niega el derecho a ser visitados por familiares y a mantener contacto con un abogado para su defensa. Por lo que sus familiares consideran que fueron secuestrados y están desaparecidos.
Están expuestos a jueces afines al régimen que no respetan el debido proceso. Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo se han referido a ellos como “terroristas” y “criminales”; alusiones que constituyen una injerencia ilegal en sus casos, porque ejercen presión sobre el Poder Judicial para condenarlos.
Al no existir base legal para su detención y estar desaparecidos extralegalmente, están expuestos a tratos crueles, degradantes e inhumanos que, bajo el marco del derecho internacional al persistir en el tiempo, se constituyen en una forma de tortura.
En medio del silencio oficial, los familiares de Juan Sebastián, Félix y Violeta, llegan tres veces por día a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ); entregan alimentos, artículos de aseo y medicinas, pero solo en algunas ocasiones les reciben, especialmente agua. También, seguirán haciendo uso de los recursos legales existentes, para obtener una prueba de vida y hacer valer el derecho de sus seres queridos a la defensa; y confían en que la Corte IDH continúe con el proceso para lograr su pronta liberación.